En general, las características del sector público no favorecen la toma de riesgos y la innovación. Más aún, cuando el borrador extiende la facultad fiscalizadora de la Contraloría a las empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal, estableciendo incluso que “podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de ellas”. En mayor medida se inhibirán los procesos creativos.
Por: Mauricio Castillo, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Politécnica de Cartagena, España. Académico FEN-UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 168, 2022.
