En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, las y los integrantes del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial (CEIC) realizaron un conversatorio interno -dirigido principalmente a estudiantes-, el que abordó la economía política y el sistema de organizaciones laborales.
El Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial (CEIC), con el apoyo de la FEN-UAH, organizó el conversatorio «Economía, Política y Trabajo: Conmemoración a los 50 años del Golpe en Chile». Los paneles estuvieron a cargo de los estudiantes de 5° año, Joaquín Álvarez y Pablo Gacitúa y de los académicos de la FEN, Carlos García y Ana María Fernández, directora también del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales (COR-UAH).
La apertura estuvo a cargo del académico de la FEN, Carlos García, quien expuso el modelo neoliberal impulsado durante la dictadura cívico-militar (1973- 1990) por economistas chilenos, conocidos como los “Chicago Boys”, pues al terminar sus pregrados en la Pontificia Universidad Católica (PUC) continuaron sus estudios en la Universidad de Chicago (EE.UU.). La exposición de García, que contempló la exhibición de un documental audiovisual sobre este grupo de economistas, también mostró datos, repasando las crisis de 1975 y en especial la de 1982, una de las peores que ha vivido el país, situándose, por ejemplo, el desempleo entre un 20% y 30%.
A su juicio, los resultados de las reformas no fueron tan espectaculares. Una de las fallas, dijo, es que se aplicaron rigurosamente medidas que se sabían que iban a tener problemas. Por ejemplo: “Se les metió que la inversión pública es mala”, pese a que EE.UU. es “campeón” en este ítem.
¿Cómo era el modelo económico vigente hasta 1973?, preguntamos: “Era un sistema en el que participaba tanto el Sector Privado como el Estado. Y, efectivamente, entre 1970 y 1973 aumentó bastante más la participación del Estado”, respondió, explicando que uno de los cambios introducidos por el Modelo Neoliberal fue en sentido contrario, es decir, desmantelar el Estado. En esa línea, aseguró que la envergadura de estas reformas, solo se podrían llevar a cabo bajo un régimen como el establecido tras el golpe de Estado: “La profundidad de esas reformas, la única manera era a través de un medio violento”.
Es por ello que reivindicó que: “Los medios no justifican el fin y que las reformas que se hacen en una sociedad a nivel global necesitan la participación de todas y todos los ciudadanos. Por eso remarco que, si bien algunas de esas reformas hubieran sido llevadas a cabo en forma mucho más moderada, debieron haber tenido la participación de todos. Y no era necesario un acto tan violento”.
En tanto la académica de la FEN y directora del COR-UAH, Ana María Fernández analizó el modelo laboral que se instauró en el país: “Inmediatamente después del Golpe de Estado no hay una intervención de modificación del Código del Trabajo de 1931. Lo que hubo fue un impacto de desmovilización, de desestructuración del movimiento sindical, porque hubo mucha persecución. Se intervino la Central Única de Trabajadores (CUT), se terminó; hubo mucha represión sindical y muchos de los detenidos desaparecidos eran sindicalistas. Entonces, más que cambios en el sistema normativo de las relaciones laborales, lo que hubo fue una desmovilización por la represión y el miedo (…). Evidentemente, posibilidades de enfrentarse a una huelga o Negociación colectiva en un golpe de Estado era imposible; estaban reprimidos los movimientos sociales, mucho más los sindicales”.
En el año 1979 se dio el punto de quiebre con la instauración del Plan Laboral que profundizó la asimetría de poder de negociación entre trabajadores y empleadores: “El Plan Laboral viene fruto de las reformas y de la desestructuración del modelo sindicalista obrero, viene inspirado por los Chicagos Boys; son los que no quieren generar un movimiento sindical que iguale el poder o que tienda abordar las brechas de las asimetrías de poder de trabajadores y organizaciones. ¿Cómo se hace eso? Desarticulando el movimiento obrero”.
Ahondando en ello, explicó que: “Empezó a haber una apertura hacia un modelo corporativista, un modelo donde se diluya la participación del trabajador, a través de sugerencias, pero no deja de colocar el poder de decisión en el ámbito de la organización. Ya no es una negociación, ya son informaciones y sugerencias que la organización está o no disponible para asumir y para incorporar”.
Lo que sí hubo en términos de asociaciones de trabajadores, precisó, fue: “El movimiento nacional sindicalista revolucionario que son movimientos sindicales, pero son movimientos sindicales inspirados en la Falange de Francisco Franco, son absolutamente nacionalistas”.
Otro de los derechos colectivos que se prohibió fue la Negociación Colectiva Ramal: “… que era la que se tenía tradicionalmente en el Código del Trabajo de 1931, que era por industria, en la que se negociaban los sueldos mínimos, era tripartito, participaba también el Gobierno, a través de inspectores del Trabajo. Y esto, desaparece. Y se coloca la Negociación Colectiva solo a nivel de empresa. Entonces la capacidad de presión del sindicato, que es a partir del número de trabajadores que tiene, pasa a ser minúscula, porque es solo de una empresa y, en muchos casos, es de un centro de trabajo”.
Consultada sobre el sistema actual de relaciones laborales, reconoce que ha habido una: “Revitalización de los movimientos sociales con las nuevas generaciones que no vivieron en dictadura. Sí que se observa una mayor adhesión a organizarse de forma colectiva. Y, evidentemente, el hecho que hayan pasado ya cinco décadas, eso también refleja que todas las prohibiciones, que eran tan taxativas en un momento, se han ido relajando”.
Como ejemplo de aquello, citó la Mesa del Sector Público (que agrupa a asociaciones de funcionarios públicos) que negocia anualmente con el Gobierno sus condiciones salariales y laborales y la instauración del Consejo Superior Laboral (CSL), órgano tripartito y consultivo en materias de política públicas vinculadas a la promoción de las relaciones laborales “justas, modernas y colaborativas” (conformado por representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores).
Sin embargo, algo que destacó especialmente es que en Chile se está empleando la herramienta del Diálogo Social, en temas como la negociación del salario mínimo y en la reciente promulgación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales: “Se ha empezado a utilizar, por primera vez, el diálogo social que es como el paraguas de la negociación colectiva. La negociación colectiva es un tipo de diálogo que es negociación y además colectiva, además a través de sindicatos, pero hay múltiples interrelaciones de diálogo, de interacción entre los tres actores del sistema de relaciones laborales y a veces dos cuando son temas de organización. Entonces, el diálogo social nacional, tripartito que es lo que ha ocurrido y que ha dado como consecuencia la dos nuevas normas que modifican el Código del Trabajo: la del salario mínimo que ya venía de antes y la reducción de las 40 horas con flexibilidad, se producen, por primera vez, con un acuerdo tripartito, dialogado, en Chile desde la recuperación de la democracia, o sea desde antes, desde que se perdió la capacidad de diálogo tripartito con la dictadura”.
Joaquín Álvarez, estudiante de 5° año de Ingeniería Comercial examinó el impacto de las divergentes visiones que aún tiene la sociedad chilena en torno al origen y consecuencias del Golpe de Estado de 1973 que impiden lograr un consenso político sobre el mismo: “Las principales diferencias vendrían siendo sobre el entendimiento de las consecuencias y causas que significó la Dictadura y que eso se expresa en la no convergencia que hay hoy en día respecto al proyecto Constitucional. Por tanto, las dos principales visiones vendrían siendo el validar la dictadura junto con el modelo de desarrollo que se ha aplicado y la otra es criticar la dictadura junto con ello el modelo que se ha desarrollado”.
El estallido social, precisó: “Vendría siendo un síntoma de aquello. Y la expresión de tal diferencia vendría siendo el fracaso del Proceso Constitucional debido a que ese fracaso agudizó aún más estas diferencias. Y más que el modelo económico vendría siendo la legitimidad de lo que significó la dictadura. Ese es el problema más de fondo, porque hoy en día está el ascenso de la extrema derecha y que tiene el discurso de validar una dictadura como una vía de resolución de problemas”.
Álvarez no legitima la dictadura militar: “Porque causó tal daño y heridas dentro de la sociedad chilena y que han pasado ya 50 años y todavía seguimos en esta discusión, sin encontrar un punto de convergencia para poder avanzar como país y mejorar las condiciones y calidad de vida”.
Pablo Gacitúa, alumno de 5° año de Ingeniería Comercial, abordó los 50 años del golpe militar a partir: “De la relación de cómo hoy en día, el sistema político está poco validado por las personas y también cómo de forma paralela, las instituciones políticas han perdido cada vez más poder en el tiempo”.
Este fenómeno, explicó: “En parte se debe a cómo se fue comportando la Constitución del 80, a través del tiempo, y lo que generó en el largo plazo en la sociedad y que hoy en día, finalmente, todos los espacios de poder están viciados. Y esta aceleración social nos consume aún más y no tiene ninguna posibilidad o instancia de poder real”, recalcando que: “Los ciclos, tanto de la política, la economía y del trabajo, son cada vez más rápido. Y esto les demanda a las personas una mayor exigencia personal y general, tanto como ellos se comportan en su vida individual y también como agentes de producción hacia el bien común”.
En esa perspectiva, agregó que el “Estallido Social”: “Sintetiza más bien lo que es el derrumbe. En el Estallido se ve cómo el sistema colapsa por esta falta de representatividad que tienen las instituciones políticas y la poca capacidad de transformar lo que las personas demandan con los que ellas pueden hacer pragmáticamente, a través de todas las instancias que poseen”.