Por Eduardo Saavedra, Ph.D. en Economía de Cornell University. Decano de la Facultad de Economía y Negocios y Director Académico Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) UAH.
El clamor ciudadano derivado del “estallido social” se vio reflejado en las urnas en octubre de 2020 cuando el 80% de los votantes manifestó su deseo de cambiar la Constitución de 1980 y, posteriormente, en mayo de 2021, en la abrumadora victoria de los sectores más radicales de la izquierda chilena para escribir una nueva Constitución. Las causas del estallido y sus subsecuentes decisiones se explican por los sentimientos de discriminación, segregación y humillación que manifestaba ampliamente la ciudadanía.
El desencanto llegó pronto: en septiembre de 2022 la propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por muchos de aquellos que aún deseaban modificar la carta fundamental, pero no a cualquier precio. Las razones para dicho rechazo fueron, fundamentalmente, en que ésta representaba los intereses partisanos de quienes la redactaron, pero no constituía ni de lejos una Constitución que representara a todas y todos los chilenos. En lo concreto, la Constitución de 1980 resalta los derechos de propiedad individuales, pero poco o nada menciona acerca de los derechos sociales; mientras que la fallida propuesta de 2022 resaltaba los derechos sociales con muy poco de derechos sobre la libertad individual.
Parece que a los chilenos y chilenas nos atrae movernos polarizadamente, como en un péndulo, sin apuntar al sano equilibrio entre libertad individual y equidad colectiva. Bien sabemos que una Constitución debe señalar derechos de los ciudadanos y la organización política del país. En cuanto a los derechos, la nueva propuesta de carta magna, escrita por una amplia mayoría de constituyentes de la derecha más radical, refleja intereses que enfatizan los derechos asociados a la libertad individual, pero al igual que la Constitución vigente, es reduccionista respecto de los derechos sociales.
En palabras simples, desde la perspectiva económica, no entrega mayores avances de lo que ya tenemos. Por ese solo hecho, es cuestionable entonces que se vote favorablemente un cambio hacia lo mismo, sin haber corregido las causas que desencadenaron el estallido social de 2019.
Más aun, la Constitución vigente ha sido enmendada en muchas oportunidades, logrando avanzar, aunque sin llegar todavía al sano equilibrio de derechos; mientras que la propuesta actual representa intereses partisanos y muestra marcados tintes populistas al buscar consagrar a nivel constitucional algunas prerrogativas más bien propias de rango legal.
Un ejemplo del partisanismo de esta nueva propuesta constitucional es el blindaje político a las AFP, de modo de dificultar cambios legales en la seguridad social que eventualmente las dejen fuera del monopolio de la gestión de los fondos de pensiones. Un ejemplo de populismo es dejar exento de tributos a la primera vivienda, lo que va en directo interés de quienes tienen patrimonio, la clase media y alta de Chile. Solo un par de ejemplos que cuestionan aún más si debemos aprobar este nuevo texto constitucional.
Todo indica que, al no atacar las causas del descontento popular de 2019, este aparecerá con cualquier escenario post 17 de diciembre de 2023.