Si bien el aumento del gasto se alinea con los niveles históricos e incluso con una eventual disposición de los hogares a pagar más por seguridad, los resultados tal vez podrían ser mejores si se tienen en cuenta experiencias internacionales similares. Dado que uno de los principales desafíos de seguridad en Chile radica en un sistema penitenciario sobrecargado, el gobierno del presidente Boric podría haber aprovechado esta oportunidad presupuestal para avanzar todavía más en el uso de penas sustitutivas a la cárcel. Esto permitiría un uso más eficiente de los recursos, mejorando el control de las actividades delictivas del crimen organizado dentro del sistema cerrado, y fortaleciendo los objetivos de reinserción social. Por último, no queda claro cómo se evaluará el impacto de estas nuevas partidas de gasto público. Sería esencial desarrollar un mecanismo claro y transparente de evaluación que permita determinar si el uso de los recursos fue efectivo para que, de no ser así, poder reorientar esfuerzos presupuestarios futuros.
Por: Carlos Díaz, Ph.D. in Economics, Maxwell School of Syracuse University. Director Magíster en Economía, Facultad de Economía y Negocios, UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 193, 2024.