Eduardo Abarzúa, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), fue nombrado comisionado de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo clave para el aseguramiento de la calidad en la educación superior chilena.
Su designación, realizada a través del sistema de Alta Dirección Pública, da cuenta de una trayectoria académica y de gestión vinculada al fortalecimiento institucional y al desarrollo de políticas públicas. Como él mismo señala, “es un reconocimiento que valoro profundamente, no solo a nivel personal, sino también como expresión del aporte que la Universidad Alberto Hurtado hace al país”, subrayando el carácter institucional de este nombramiento.
Para Abarzúa, asumir este cargo implica hacerse cargo de una responsabilidad pública de enorme importancia. “Me comprometo a ejercerlo con la misma rigurosidad académica e independencia que he procurado mantener a lo largo de mi carrera”, señala, valorando que el proceso haya sido transparente y revestido de legitimidad y seriedad. No es la primera vez que el académico participa de este mecanismo: integró el Consejo de Alta Dirección Pública entre 2014 y 2022, convencido de que, cuando funciona bien, constituye “una de las herramientas más valiosas de modernización del Estado”.
Un sistema clave para la calidad universitaria
La CNA cumple un rol central en el sistema de educación superior chileno, al verificar y promover la calidad de instituciones y programas. Su trabajo permite asegurar estándares en ámbitos como docencia, investigación, gestión institucional y vinculación con el medio, contribuyendo a la confianza pública en el sistema.
En este contexto, Abarzúa enfatiza que la acreditación debe entenderse como un proceso sustantivo y no meramente formal: “no es un simple sello: es el mecanismo que permite […] saber si una institución cumple efectivamente los estándares de calidad exigidos”. A su juicio, este sistema ha experimentado avances relevantes en las últimas décadas, aunque aún enfrenta desafíos importantes.
Entre ellos, destaca la necesidad de fortalecer la transparencia, ajustar los criterios de evaluación y responder a los cambios del sistema, como la expansión de nuevas modalidades de enseñanza y la creciente heterogeneidad del estudiantado. “La calidad no puede definirse de manera estática; debe dialogar con la realidad”, advierte.
El académico reconoce que “los avances que ha tenido el sistema desde la promulgación de la Ley N° 20.129: la Ley de Educación Superior de 2018 representó un paso relevante al establecer la obligatoriedad de la acreditación institucional e incorporar nuevas dimensiones evaluativas. Aún así, el sistema debe seguir adaptándose a las exigencias de un mercado laboral en acelerada transformación, fortaleciendo los vínculos de las instituciones con el mundo del trabajo”.
Trayectoria y compromiso con la función pública
El nombramiento mediante Alta Dirección Pública refuerza el carácter técnico e independiente del cargo. “Asegura la independencia técnica del organismo y refuerza la confianza de las instituciones en el proceso de acreditación”, plantea Abarzúa, quien además cuenta con experiencia directa en este sistema.
Su trayectoria combina formación académica, investigación y una extensa experiencia en gestión universitaria,
incluyendo cargos como director de departamento, decano y vicerrector académico. Esta experiencia le ha permitido participar activamente en procesos de autoevaluación y acreditación, aportando una mirada integral del sistema de educación superior. A ello se suma una extensa trayectoria como consultor en procesos de cambio organizacional en instituciones públicas y privadas, tanto en Chile como en el extranjero. “Conozco los estándares exigidos, pero también la realidad cotidiana de las instituciones que los deben cumplir”, señala, destacando la relevancia de articular criterios técnicos con conocimiento práctico.
Un aspecto que Abarzúa anticipa como posible interrogante es su pertenencia a la UAH. Su respuesta es directa: la ley contempla mecanismos claros de inhabilitación para situaciones de conflicto de interés, y los aplicará rigurosamente. “El haber pertenecido a una institución no me hace ni más severo ni más indulgente con ella: me hace más consciente de lo que implica construir calidad institucional con seriedad”, asegura, añadiendo que esa independencia “no es un atributo que se declara: se practica todos los días”.
Desafíos y prioridades en la CNA
En su nuevo rol, Abarzúa identifica como prioridades actualizar los criterios de acreditación, fortalecer la confianza institucional y modernizar el funcionamiento de la CNA.
La primera de esas prioridades apunta a que: “los criterios incorporen con mayor fuerza dimensiones de equidad, formación integral y vinculación con el desarrollo del país; la segunda, a que las instituciones dejen de ver la acreditación como un trámite que se soporta o se teme, y la tercera, a modernizar el propio funcionamiento de la CNA para hacerla más ágil y con mayor capacidad técnica […] Tengo seis años por delante y la intención de aprovecharlos bien”, afirma.
Estos desafíos se enmarcan en un contexto de cambios profundos en la educación superior. La masificación del sistema, la transformación digital —incluyendo la inteligencia artificial— y las restricciones de financiamiento configuran un escenario que exige repensar cómo se entiende y evalúa la calidad.
“La masificación del sistema trajo consigo una mayor heterogeneidad del estudiantado —en capital cultural, condiciones socioeconómicas y trayectorias previas— a la que las instituciones aún están aprendiendo a dar respuesta con calidad. Ante la irrupción de la inteligencia artificial, advierte que las universidades deben adaptarse sin perder su misión formativa integral, mientras que el financiamiento se mantiene como una variable crítica: sin recursos suficientes y bien gestionados, no puede haber calidad sostenida”.
En este sentido, enfatiza la importancia de que la acreditación sea percibida como una herramienta de mejora continua. “La acreditación es, ante todo, una oportunidad […] obliga a las instituciones a mirarse con honestidad, a identificar sus fortalezas reales y sus brechas concretas […] Cuando ese proceso se hace bien, agrega, tiene un impacto transformador en la cultura institucional, ya que obliga a tomar decisiones de mejora con evidencia”.
A largo plazo, agrega, la calidad debe construirse como un proceso continuo, estratégico y basado en evidencia, con impacto directo en estudiantes y comunidades. Esa calidad, subraya, “requiere convicción estratégica e inversión en las personas y en los procesos: las instituciones que lo entienden así son las que, a la larga, generan el mayor impacto en sus estudiantes y en sus comunidades”.