En el contexto de las Jornadas de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, se realizó el seminario «A 10 años de la gratuidad universitaria: balance y proyecciones», instancia que reunió a autoridades, académicos y especialistas para analizar los efectos de una de las principales transformaciones experimentadas por el sistema de educación superior chileno durante la última década.
La actividad contó con la participación de la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, junto a representantes del mundo universitario y especialistas en economía y políticas públicas. Durante el encuentro se presentaron estudios desarrollados a partir de distintas aproximaciones al impacto de la gratuidad y posteriormente se realizó un panel de conversación que permitió contrastar perspectivas sobre sus resultados, costos, desafíos institucionales y posibles caminos de perfeccionamiento.
El rector de la UAH, Cristián del Campo SJ, abrió la jornada destacando la importancia de evaluar con evidencia una política pública que ha transformado profundamente la educación superior y que tiene una relevancia particular para la UAH, institución en la que cerca del 70% de sus estudiantes recibe actualmente el beneficio de gratuidad. “Reconocer lo que ha logrado la gratuidad y lo que debe corregirse es parte fundamental del esfuerzo por cuidarla y mejorarla”, señaló el rector, quien enfatizó la necesidad de combinar la ampliación de oportunidades con una discusión rigurosa sobre el financiamiento, los aranceles regulados y la calidad de la formación universitaria.
Evidencia para evaluar una década de gratuidad
Durante su intervención, la subsecretaria Fernanda Valdés abordó algunos de los principales antecedentes acumulados durante los diez años de implementación de la política. Entre ellos, destacó la relación existente entre financiamiento y acceso a la educación superior, así como la evidencia que vincula los beneficios estudiantiles con una mayor retención, aunque advirtió que todavía existen interrogantes respecto de sus efectos sobre el desempeño académico y la titulación.
La subsecretaria planteó que una evaluación integral de la gratuidad requiere considerar además otras
transformaciones que han experimentado Chile y su sistema de educación superior, como los cambios demográficos, los flujos migratorios, la creación de nuevas instituciones estatales, las políticas de acompañamiento estudiantil, las diferencias por género y edad, y la relación entre los estudios superiores y la posterior inserción laboral. A ello se suma el desafío de asegurar la sostenibilidad de una política cuyo presupuesto alcanza actualmente alrededor de $2,5 billones. “Tenemos que optimizar los instrumentos de financiamiento en base a evidencia, sin dejar de garantizar el acceso”, afirmó Valdés, destacando que uno de los desafíos centrales consiste en lograr que los recursos disponibles permitan avanzar simultáneamente en equidad, calidad educativa y sostenibilidad financiera.
La jornada continuó con la presentación de análisis elaborados desde la Universidad Alberto Hurtado. La vicerrectora académica Antonia Larraín y Belén Cumsille, jefa de Inteligencia de Datos de la UAH, expusieron un estudio preliminar que comparó los resultados de estudiantes beneficiarios de gratuidad, estudiantes con otros beneficios y estudiantes sin beneficios, tanto en la Universidad Alberto Hurtado como en el conjunto del sistema.
Utilizando registros administrativos del Ministerio de Educación y considerando cohortes de ingreso entre 2013 y 2024, el análisis abordó indicadores de retención de primer año, retención de tercer año y titulación. Los resultados mostraron una asociación positiva entre contar con beneficios estudiantiles y permanecer en la educación superior, especialmente entre quienes acceden a gratuidad. En la UAH, por ejemplo, los estudiantes con gratuidad mostraron 93% más chances de mantenerse al segundo año que aquellos sin beneficios, mientras que para el conjunto del sistema la diferencia alcanzó un 58%.
La asociación sigue siendo positiva al observar la permanencia hasta tercer año, aunque disminuye su magnitud. En materia de titulación, en cambio, los resultados son más matizados y comienzan a adquirir mayor importancia otros factores, entre ellos el origen socioeconómico de los estudiantes. “Los beneficios efectivamente se asocian a la permanencia, especialmente la gratuidad, que es la que tiene el efecto más alto, y la titulación puede ser que dependa de otros factores”, explicó Cumsille durante la presentación.
También participó la académica de la FEN UAH, Bárbara Boggiano, quien presentó resultados preliminares de una investigación desarrollada junto al académico José Ignacio Heresi. El estudio busca analizar las diferencias entre financiar los estudios mediante un crédito estudiantil y hacerlo a través de la gratuidad, poniendo especial atención en las consecuencias que la deuda puede tener sobre las decisiones laborales posteriores de las personas.
La investigación plantea que egresar de la educación superior con deuda puede generar una mayor presión por incorporarse rápidamente al mercado laboral, reduciendo la capacidad de esperar por una oferta más acorde con las competencias, intereses o expectativas salariales de cada persona. De acuerdo con los resultados preliminares expuestos, la diferencia entre estudiar con gratuidad y hacerlo mediante crédito tendría un impacto especialmente importante entre estudiantes provenientes de hogares más vulnerables y quienes cursan programas de mayor selectividad.
“La gratuidad no se agota en la puerta de entrada de la Universidad, no se agota en la tasa de titulación. En realidad, nosotros estamos construyendo capital humano para el futuro”, sostuvo Boggiano, relevando la necesidad de analizar los efectos de la política más allá del acceso a la educación superior.
Por su parte, el académico de la FEN UAH Carlos García presentó un estudio desarrollado junto al decano
Eduardo Saavedra, que analizó la gratuidad desde una perspectiva macroeconómica y sus efectos sobre la matrícula en distintos tipos de instituciones. Los resultados sugieren que la política ha producido impactos diferentes entre centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades estatales y universidades privadas, incluyendo cambios en la sensibilidad de la matrícula frente a las fluctuaciones de la actividad económica.
García destacó que la gratuidad puede actuar como una suerte de protección frente a shocks económicos para determinados grupos de estudiantes, pero planteó también interrogantes sobre la relación entre la expansión de la educación superior y el comportamiento de la productividad del país.
Desafíos para el futuro del sistema de educación superior
El seminario concluyó con un panel moderado por Nicolás Fleet, decano de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, y conformado por Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile; Harald Beyer, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exministro de Educación; y Andrea Butelmann, exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y expresidenta de la Comisión Preventiva Central Antimonopolios.
Desde distintas perspectivas, el panel abordó los alcances y limitaciones de la gratuidad, sus consecuencias para las instituciones de educación superior y las modificaciones que podrían discutirse hacia el futuro. Alejandra Mizala planteó que la política logró eliminar una barrera económica significativa, pero que el acceso financiero no basta para compensar desigualdades educativas que comienzan mucho antes del ingreso a la educación superior. Entre ellas mencionó diferencias en preparación académica, información, expectativas, redes y conocimiento de los mecanismos de postulación. “La gratuidad elimina la barrera económica, pero no elimina otras desigualdades que han sido acumuladas antes de llegar a la Universidad”, sostuvo la rectora, quien llamó a analizar las trayectorias completas de los estudiantes y pensar en políticas complementarias antes, durante y después de la educación superior.
Harald Beyer puso el énfasis en los efectos sistémicos del modelo de financiamiento, advirtiendo sobre el impacto de los aranceles regulados en los ingresos de las universidades y en sus posibilidades de innovar, diferenciar sus proyectos institucionales e incrementar su presencia internacional. Asimismo, planteó la necesidad de discutir alternativas que permitan articular trayectorias educativas más flexibles y combinar distintos mecanismos de financiamiento.
Andrea Butelmann, en tanto, centró su exposición en el sistema utilizado para determinar los aranceles regulados, presentando antecedentes de un estudio realizado para universidades privadas. Su análisis puso sobre la mesa interrogantes respecto de la metodología empleada para calcular los costos y de los incentivos que esta puede generar para las instituciones.
Las intervenciones coincidieron en que, después de diez años, la discusión sobre gratuidad ya no puede reducirse exclusivamente al acceso. Retención, titulación, inserción laboral, calidad de los aprendizajes, sostenibilidad financiera, regulación e innovación institucional aparecen como dimensiones indispensables para evaluar integralmente sus resultados y proyectar la política hacia las próximas décadas.
El encuentro permitió así contrastar evidencia y perspectivas sobre una política que ocupa un lugar central en el sistema de educación superior chileno. Desde la Universidad Alberto Hurtado y la Facultad de Economía y Negocios, la jornada reafirmó además el valor de la investigación académica y del diálogo entre universidades y responsables de las políticas públicas para avanzar hacia decisiones sustentadas en evidencia.
“Pensarla hoy con rigor y con datos entre universidades diversas y con quienes tienen la responsabilidad de decidir es una forma concreta de aportar al país”, señaló el rector Cristián del Campo SJ, al inaugurar un encuentro que dejó planteadas nuevas preguntas y líneas de investigación para comprender los efectos de la gratuidad y contribuir a su perfeccionamiento.