Por: Eduardo Abarzúa C. | Ph. D en Ciencias del Trabajo, U. Católica de Lovaina; Decano Facultad de Economía y Negocios, U. Alberto Hurtado.
Yerko Ljubetic G . | Abogado, Máster en Políticas del Trabajo y R. Laborales, U. de Bologna; profesor Magister en Gestión de Personas en Organizaciones.
Prontos a iniciar el desconfinamiento «paso a paso», volvemos a plantear la necesidad urgente de instalar procesos de diálogo social que incluyan a todos los actores laborales para definir medidas para establecer una forma de organización del trabajo que priorice la salud de trabajadores y trabajadoras por sobre cualquier otra consideración. Si bien la dimensión abordada es sustantiva, preocupa que la discusión llegue a ser solo técnico-económica (flujos de trabajadores, diseño de turnos, organización del trabajo, etc.) y unilateral, o bien dirigida desde el gobierno y desde actores empresariales sin que se escuche a los trabajadores y sus organizaciones.
Omitir al actor laboral se ha vuelto una estética reiterada, que dibuja una realidad inquietante e impide la trascendental discusión respecto del futuro rol del trabajo que sustente una idea compartida de país.
SUPERAR EL TEMOR Y LA DESCONFIANZA
Los trabajadores que retornen a la actividad laboral lo harán luego de un largo período de confinamiento y llevarán consigo temores, estrés y tensiones. Por lo mismo, las acciones deberán mitigar estos efectos y facilitar el más normal retorno a las actividades. El desafío es cómo volver al trabajo e instalar un ambiente laboral que transmita y promueva seguridad tanto sanitaria como psicológica. Las personas no pueden desenvolverse temiendo constantemente por su salud física y su empleo, lo que representa un atentado contra derechos humanos fundamentales.
Por lo mismo, lo central será diseñar protocolos de vuelta al trabajo que, al mismo tiempo que permitan la reanudación de actividades, den certeza sanitaria y psicológica a las personas y sus familias. Para tal efecto, dichos protocolos deben ser elaborados y/o acordados con la participación de los trabajadores y sus representantes. La información veraz y la participación son los mejores antídotos que conocemos frente a la inseguridad y la ansiedad en tiempos de crisis y falta de confianza.
Es altamente probable que la convocatoria al retorno «paso a paso» sea vista por la mayor parte de trabajadores y trabajadoras como inspirada en finalidades solo orientadas a mantener los beneficios de las empresas o activar la economía.
Los tiempos y modalidades en las que cada persona desempeñará sus labores en un contexto de riesgo para su salud no pueden ser decididas de un modo unilateral y desde las seguridades de las oficinas gerenciales o del gobierno central, sino que deben implementarse en diálogo abierto y dinámico con quienes tendrán que asumir ese riesgo.
Este diálogo debe darse no solo a nivel de empresa o unidad productiva, sino que debe implicar el involucramiento de las organizaciones sindicales de grado superior y sus equivalentes empresariales, de manera de ir apoyando esfuerzos específicos y dando alcance más amplio a las conclusiones y hallazgos a los que en conjunto se arribe, y también llamando a las autoridades a adoptar las medidas que sean necesarias en el ámbito público. Salir «mejor que antes» de la pandemia requiere reforzar los niveles de articulación y negociación entre los actores productivos: así (re)construimos tejido social.
EL ESPACIO LABORAL COMO BASE DE UN PROYECTO COMÚN
Las relaciones laborales en nuestro país están marcadas por la desconfianza entre sus actores. Más allá de profundizar en las razones de ello, podemos decir que es claro que esta característica no puede ser eludida a la hora de organizar el trabajo para que pueda coexistir con el riesgo sanitario.
En efecto, es altamente probable que la convocatoria al retorno «paso a paso» sea vista por la mayor parte de trabajadores y trabajadoras como inspirada en finalidades solo orientadas a mantener los beneficios de las empresas o activar la economía.
En el contexto de desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad, esa aprensión aparece como plausible y se transfiere a la institucionalidad laboral, comprometiendo la posibilidad de abordar de manera adecuada el problema. Por lo mismo, aquellos que mantengan sus empleos y eventualmente vean reducidos sus salarios necesitan saber con realismo opciones, planes y posibilidades ligadas a su fuente de trabajo. Instalar climas de verdad ayuda a restaurar certeza y refuerza el liderazgo de la administración, y dispone a las personas a esfuerzos superiores.
La entrega de información sobre eventuales reducciones de empleo o salarios y también reorganización del trabajo, puede ir acompañada de compromisos realistas de compensaciones cuando sean superados los momentos difíciles: en algunos países de la OCDE se les llama pactos sociales o alianzas estratégicas, en que las partes, en el marco de un proceso de diálogo y negociación, acuerdan los términos, compartiendo esfuerzos y sacrificios, cuidando así el tejido social de la empresa.
Si asumir este desafío se hace descansar, una vez más, solo sobre las espaldas de los más débiles, además de asegurar el fracaso, se ahondaría la crisis de confianza y credibilidad que, como hemos dicho, caracteriza las relaciones en nuestro mundo del trabajo. Cuando las relaciones en el trabajo (y en la sociedad) son asimétricas, quien posee más recursos y poder debe preguntarse por sus deberes de cara a los más débiles.
UN ESTADO QUE PROTEGE DERECHOS Y ARTICULA UN PROYECTO NACIONAL
El Estado, en todas sus expresiones, no puede ser ajeno a los avances y definiciones que se vayan adoptando. Por el contrario, debe estar atento al riesgo que enfrentan quienes se ven obligados a volver al trabajo por razones de subsistencia. Se trata de derechos humanos, finalmente y, por ello, debe generar un entorno de protección efectiva que evite que trabajadores y trabajadoras expongan la salud y la vida por un imperativo económico.
Tratándose de resolver los modos en que se retoma la actividad productiva en el contexto de crisis sanitaria, el carácter naturalmente desigual de las relaciones entre trabajadores y empleadores cobra, como es obvio, una especial trascendencia.
La pandemia, como también lo harán otras crisis por venir, dejó en evidencia que el modo en que entendemos el trabajo como factor social y no solo económico también es determinante en la forma en que las naciones encaran y superan dichas crisis.
De ello se debe concluir necesariamente que el rol del Estado y los organismos públicos debe ser reforzado en la perspectiva de proteger los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras, estimulando la cohesión social y no una idea individualista de solución ni una fórmula desequilibrada en cuanto al trato de los actores laborales.
En tal sentido, las medidas que se adopten no pueden construirse desde el supuesto de que concurren actores iguales en sus capacidades de negociación y de resolución de los problemas de la crisis. Por lo mismo, debe acordarse un marco normativo que desarrolle y profundice las obligaciones del empleador respecto a la salud e integridad física y sicológica de sus dependientes, así como las sanciones por su incumplimiento y las capacidades fiscalizadoras de los organismos competentes.
Del mismo modo, deben precisarse las funciones de entidades como las mutuales de seguridad en las labores de prevención, capacitación y atención médica de quienes resulten afectados, la incorporación obligatoria de disposiciones específicas en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, así como establecer disposiciones que no dejen lugar a dudas, en el ámbito tanto administrativo como jurisdiccional, sobre la pertinencia y financiamiento de las licencias médicas a que haya lugar.
La manera en que esta urgente materia sea abordada y resuelta será especialmente determinante en una sociedad a la que la pandemia sorprendió en medio de una grave crisis social y política. Por ello, la prudencia extrema en los ritmos del proceso — en la medida en que el objetivo no es el crecimiento, sino evitar el shock—, el diálogo entre los actores, el carácter compartido de los sacrificios y un Estado velando por los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras son algunos elementos indispensables a considerar.
DE NUEVO, EL FUTURO DEL TRABAJO
En otro plano, una de las preguntas que se ha instalado se refiere al trabajo del futuro. Sin embargo, hay una tendencia a enfocarse exclusivamente en las incorporaciones tecnológicas, particularmente las relativas a la conexión a distancia, que lo determinarán en sus características más evidentes. Ese ángulo de análisis es claramente necesario, pues se hace cargo de los efectos que la incorporación de la tecnología tendrá en el modelamiento de las nuevas formas del trabajo y las tensiones a las que serán sometidas.
Sin embargo, esa mirada debiera estar inscrita en una perspectiva más amplia y de mayor alcance, referida al rol del trabajo y su centralidad en nuestras sociedades. Esto es necesario, de manera de orientar el proceso en la perspectiva de las necesidades y aspiraciones que la sociedad hace recaer sobre el trabajo como actividad fundamental.
En esos términos, la pandemia, como también lo harán otras crisis por venir, dejó en evidencia que el modo en que entendemos el trabajo como factor social y no solo económico también es determinante en la forma en que las naciones encaran y superan dichas crisis.
En tal sentido, el trabajo viene siendo sometido por décadas a la presión por cada vez mayores niveles de flexibilidad que fueron sustentando la aparición de nuevas modalidades cada vez más frágiles tanto en la aplicación de regulaciones protectoras como en las condiciones que le daban tradicionalmente permanencia y estabilidad, so pretexto de que el único modo de crear más empleo es que éste sea de menor calidad.
En la misma perspectiva puede entenderse la permanente renuencia a ampliar formalmente el ejercicio de los derechos laborales colectivos, sobre todo el de la negociación colectiva, limitándose tanto en su ámbito de aplicación como en sus contenidos.
En esos términos, la pandemia, como también lo harán otras crisis por venir, dejó en evidencia que el modo en que entendemos el trabajo como factor social y no solo económico también es determinante en la forma en que las naciones encaran y superan dichas crisis.
El resultado de todo aquello ha sido una sostenida precarización de las condiciones laborales, bajísimos niveles remuneracionales, incremento de la informalidad y alternativas muy débiles y acotadas de diálogo social en las empresas, todos factores que agravaron enormemente los efectos de la crisis sanitaria.
En efecto, los bajos ingresos autónomos de las familias chilenas provocaron que esta crisis las sorprendiera con altísimos niveles de endeudamiento y nulas posibilidades de enfrentar la emergencia cuando sus actividades fueron suspendidas. Los precarios dispositivos de apoyo estatal se vieron obligados a distinguir entre quienes tenían empleo formal y con antigüedad mínima, y una mayoría que, por desempeñarse en actividades informales o por cuenta propia, no ha tenido acceso a los subsidios establecidos. Todo esto, en un contexto en el que no han existido instancias de articulación entre trabajadores y empleadores que podrían generar los consensos necesarios para un retorno seguro a la actividad productiva.
Si a lo anterior agregamos que en el reciente debate sobre el uso de un diez por ciento de los fondos individuales acumulados en el sistema de AFP, uno de los pocos elementos consensuales ha sido el reconocimiento generalizado de la escualidez de tales ahorros —en relación directa con la de los salarios—, debemos concluir que a aquellos elementos que tradicionalmente explicaban la función social del trabajo y su importancia como espacio de dignificación y reconocimiento de las personas, deben agregarse sus enormes alcances como factor que contribuye a que una sociedad enfrente períodos de crisis con ciertos niveles de cohesión y articulación.
Así las cosas, son cada vez más las razones que permiten augurar con esperanzas que el trabajo y su centralidad ocupen un espacio relevante en el futuro proceso constituyente. Y es de esperar que aspectos como el reconocimiento efectivo a un amplio ejercicio de los derechos colectivos y a los derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores sean objeto de una especial preocupación, ya no solo por razones de justicia, sino también de sustentabilidad de nuestra sociedad.