Análisis y opinión de los académicos de la Facultad de Economía y Negocios UAH.
La propuesta de nueva Constitución no se queda solo en el principio de probidad, sino que incorpora y amplía muchas de las garantías de la ley 20.285, consagrando como derecho fundamental el acceso a la información pública.
Se hace muy importante que Gobierno y Congreso avancen rápidamente en las decisiones que tengan consenso, se hagan discusiones y debates transparentes y participativos con entrega de señales claras a los tomadores de decisiones de inversión, para que no afecte las inversiones y empleo más allá de lo esperable.
La implementación de una política nacional de open innovation acompañada de herramientas tecnológicas digitales, por ejemplo, permitirá rápidamente superar la escasez de recursos para desarrollar innovación a nivel empresarial y/o individual.
El proceso constitucional ha expuesto a los emprendedores a un tipo diferente de incertidumbre. Ahora enfrentan incertidumbre institucional que los acompañará por un largo tiempo.
En general, las características del sector público no favorecen la toma de riesgos y la innovación. Más aún, cuando el borrador extiende la facultad fiscalizadora de la Contraloría a las empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal, estableciendo incluso que “podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de ellas”.
Uno de los temas importantes al estudiar la propuesta de nueva Constitución son los tributos. El presente análisis se enfoca en ellos, su creación y distribución.
El proyecto de nueva Constitución que se somete a plebiscito en los próximos días contiene varios cambios respecto a la vigente. En particular, el reconocimiento de nuevos derechos y garantías sobre la provisión de ellos, generan dudas sobre la vialidad fiscal de este proyecto.
De aprobarse el texto de la PNC, esta debería ser una materia para revisar o buscar los consensos políticos que permitan una interpretación del actuar de los consejeros que no afecte su independencia en la consecución de este preciado bien público.
La propuesta de la nueva Constitución política prácticamente dejó sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central de Chile. Establece erróneamente que el bienestar de la población es sinónimo de estabilidad de precios.
De aprobarse la propuesta de la CC se abren desafíos significativos para el empleo público en nuestro país. Toda vez que la Ley deberá desarrollar los principios y normas reconocidos constitucionalmente, será importante preparar propuestas legales que cautelen el espíritu del texto constitucional.
No cabe ninguna duda sobre el avance que representa la propuesta de una nueva Constitución en lo que se refiere a los derechos laborales. Negar eso y mantener el estatus quo significaría aceptar un sistema que ha hecho de Chile uno de los países más desiguales al mundo.
Sea cual sea el veredicto popular en el próximo 4 de septiembre, el respeto a los derechos humanos y su efectivo reconocimiento como límite a las facultades del empleador deberán irse erigiendo aceleradamente como eje de cualquier política de relaciones laborales.
La propuesta de nueva Constitución establece, en sus artículos 46 y 47, los derechos de los trabajadores con respecto a su trabajo; a su capacidad de sindicalización y negociación colectiva; y a la realización y participación en huelgas.
Esta propuesta de nueva Constitución se hace cargo de una necesidad fundamental de la sociedad chilena, sabemos que llevar este proceso a su cumplimiento total no será fácil, tomará tiempo y recursos, pero contar con una buena educación es la base para acceder a otros derechos, mejores espacios laborales, votos informados, mejor salud y bienestar, además de un mayor desarrollo personal y social, entre otras garantías.
Los cambios propuestos en la nueva Constitución sobre salud responden más a cuestiones ideológicas que a la búsqueda de una solución que mejore la salud de las personas.
La lógica de la inclusión de derechos socia sociales en la Constitución permite visibilizar y explicitar los anhelos de la ciudadanía, pero es irresponsable consagrarlos sin explicitar que su provisión dependerá de los recursos fiscales, generando además riesgos en materia fiscal y sustentabilidad.
En este caso, se discutirá específicamente del alcance de un Chile “ecológico” en relación al enfoque de “sostenibilidad”.
La nueva Constitución propuesta se hace cargo de muchos de los derechos sociales demandados por la ciudadanía, los que van más allá de los ya mencionados, pues abarcan el derecho de la tierra y a un ambiente no contaminado, lo que le otorga un carácter ecológico profundo, como también consagra derechos de los pueblos originarios por encima de los de la gran mayoría de ciudadanos no originarios.
La propagación de la inflación de costo en la economía es compleja. El mayor costo de la energía se transmitirá a otros precios, la UF y también a los salarios que se estén reajustando. Algo similar ocurrirá con los alimentos, así, la inflación de costo se esparce ocasionado una escala inflacionaria a nivel nacional.
Es importante tener presente que la tasa de desempleo es un indicador parcial del estado del mercado laboral y que las señales son en realidad mixtas y eventualmente se inclinan hacia un reciente y paulatino debilitamiento de las condiciones del mercado.
Nuestro artículo muestra que la contaminación ambiental puede tener efectos negativos en la salud de las personas que viven en todas las ciudades de Chile y esta debería ser una preocupación de los hacedores de política.