Diario Financiero, Miércoles 28 de Julio
El gobierno anunció tres reformas en la educación superior. La primera, es la creación de un organismo que agrupe a todas las instituciones de educación superior y otro que agrupe a todas las universidades. La segunda, es la creación de un sistema único de becas y créditos. La tercera, es el aumento de recursos a través de fondos concursables para todas las instituciones.
Las reformas propuestas están bien encaminadas, se basan en el informe sobre educación superior que realizó la OECD y se hacen cargo de la obsolescencia del sistema. En 1981 se permitió en Chile la creación de nuevas universidades para aumentar la cobertura en educación superior. Sin embargo, la reforma permitió que algunos privilegiadas, por el solo hecho de existir en 1981, pasaran a formar parte del exclusivo y cerrado grupo de universidades del Consejo de Rectores (Crunch) que “orienta” lo que pasa con todas las universidades. Esto genera un conflicto de interés no menor y parece un cartel legal. La OECD no podía expresarlo mejor: “el monopolio del Crunch es inconsistente con la naturaleza diversa y competitiva del sistema”.
Es así como se han implementado políticas públicas que favorecen abiertamente a las universidades del Crunch y discriminan arbitrariamente al resto, lo cual ocurre en dos niveles importantes. Primero, entre universidades privadas del Crunch que reciben aporte fiscal directo (AFD) y el resto de las universidades privadas que no lo reciben. Además, el AFD se reparte sin utilizar criterios objetivos y las universidades privadas del Crunch que lo reciben, a diferencia de las estatales, no dan cuenta del uso de los recursos públicos. Para empeorar las cosas, el AFD aumentó en casi 30% real entre 1995 y 2007, mientras que el AFI (aporte fiscal indirecto, basado en criterios objetivos y en competencia entre todas las universidades) se congeló en el mismo período. Es decir, privilegios e historia por sobre competencia y méritos sustentan crecientemente el financiamiento de la educación superior. Esto atenta contra una asignación eficiente y transparente de fondos públicos. Nuevamente, el informe de la OECD lo dice explícitamente: “(el AFD) funciona en contra de las metas de eficiencia que se desea lograr con los otros instrumentos de financiamiento”.
La segunda discriminación ocurre entre estudiantes de las universidades del Crunch, que tienen acceso a más y mejores becas y también a un crédito en mejores condiciones, y el resto de los estudiantes. ¿Por qué razón un estudiante que no puede financiar sus estudios y tiene capacidades para estudiar una carrera universitaria ve restringida sus opciones de elección a sólo universidades del Crunch? Es razonable que se le restrinja a estudiar en universidades de buena calidad, pero en muchas carreras hay universidades fuera del Crunch que ofrecen mejor calidad que universidades del Crunch.
Las universidades cumplen con roles de docencia e investigación que generan externalidades positivas. Además, la investigación al generar conocimiento produce un bien público. Esto justifica el rol del estado y podría justificar diferencias en el financiamiento público. Por ejemplo, se podría privilegiar a universidades que hacen investigación y no sólo docencia, o entregar aportes fiscales directos sólo a las universidades estatales. Lo relevante es utilizar en buena forma los recursos públicos, destinándolos en forma transparente a sus mejores usos en las mejores instituciones, lo cual no ocurre en el sistema actual de privilegios y discriminaciones arbitrarias. Por eso las reformas propuestas apuntan en la dirección correcta al reducir privilegios históricos de algunas universidades y permitir que los recursos destinados a investigación y becas se usen en forma eficiente a través de la competencia por ellos. Sin embargo, las reformas se quedaron cortas y se someten implícitamente al veto del Crunch, ya que este no va a desaparecer y los aportes fiscales a las universidades privadas al interior del Crunch tampoco. El gobierno parece prometer una reforma “en la medida de lo posible”, dado el poder que ejerce el Crunch. La OECD lo advirtió en su informe “Es probable que cualquier medida que desafíe al Crunch encuentre resistencia de parte de las instituciones de este organismo y de cualquiera de los grupos de beneficiarios cuyos derechos y privilegios serían afectados negativamente”. ¿Quién le pone el cascabel al gato?