Por Eugenio Giolito* y Carlos Ponce**. * Ph.D. en Economía, Universidad de Maryland, Estados Unidos y Académico Facultad de Economía y Negocios UAH. ** Ph.D. en Economía, Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos y Académico Facultad de Economía y Negocios UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 81, 2014.
El éxito económico y social de la mayor parte de las economías modernas se basa principalmente en la innovación y en la generación de nuevas ideas. No es sorprendente entonces, que la educación superior, y especialmente la universitaria, juegue un papel predominante en el desarrollo de un país.
Por desgracia, la organización de un sistema de educación superior de calidad está lejos de ser similar a la construcción de una autopista o una nueva rama de metro. Por lo tanto, el traslado de las bases organizativas de la actividad privada al sector universitario no asegura una educación de calidad ni una investigación relevante.
Estas dificultades no surgen exclusivamente de la persecución de beneficios económicos -fin de lucro- sino más bien, de sus consecuencias operativas. Así, por ejemplo, si la supervivencia de empresas comerciales requiere la obtención de beneficios rápidos, la planificación a largo plazo es crucial para obtener resultados en investigación y desarrollo. De igual manera, mientras las estructuras organizativas verticales y jerárquicas son útiles en el sector privado, las organizaciones horizontales -que facilitan la creación y difusión de ideas- constituyen el ingrediente más importante en las universidades.
Este artículo pretende reflexionar sobre el rol regulatorio del Estado en el sistema educativo universitario. Aún con la fuerte sospecha que la persecución de beneficios económicos de corto plazo (ya sea institucional o personal), es un factor clave en la mala calidad de una institución, no es claro que lo más efectivo sea convertirlo en el parámetro principal a monitorear, excepto que lo único que interese sea el aspecto ético del lucro y no la calidad educativa.
Para ilustrar lo anterior, considere el siguiente ejemplo: Usted almuerza todos los días fuera de casa. ¿Cómo saber si su almuerzo ha sido preparado bajo las condiciones mínimas de limpieza? Si bien, los gobiernos de algunos países fiscalizan el estado de higiene de los restaurantes (Estados Unidos es uno de ellos), es probable que frente a una mala experiencia sea usted mismo el que decida no repetir el local escogido.
La moral de esta historia es simple: en el caso del servicio “almuerzos”, aquellas empresas que persigan un mayor beneficio a costa de una menor calidad del producto serán detectadas rápidamente, y por ende, castigadas por los consumidores.
¿Se aplica este ejemplo a la educación? La respuesta, desafortunadamente, es negativa.
Si una universidad persigue beneficios a costa de la calidad de la educación ofrecida, al estudiante le tomará mucho tiempo y a un costo relativamente alto, detectar la mala calidad. Toma bastante tiempo comprobar si el profesor posee las aptitudes correctas para enseñar, si se cumplen los aprendizajes establecidos, si la materia es la precisa y varios factores más. El problema se agrava cuando el alumno se da cuenta, que ha sido “engañado” con una educación de mala calidad y ya no puede escoger ir a otra universidad. En otras palabras, y en comparación con el ejemplo del almuerzo, usted se habrá percatado de la calidad de su almuerzo (educación) cuando ya no necesite almorzar más!
Es cierto que existen mecanismos de “reputación” que pueden aliviar tales problemas, pero también es verdad, que estos mecanismos suelen ser lentos y pocos eficaces en el corto plazo.
Un problema adicional es que monitorear el fin de lucro o los beneficios obtenidos por una institución es una tarea difícil, costosa y escasamente verificable. En cambio, fiscalizar si ciertos parámetros de calidad se satisfacen, es transparente, de fácil administración y puede resultar altamente eficaz.
Para ilustrar estos conceptos utilizaremos el ejemplo más emblemático del último tiempo: la Universidad del Mar, actualmente en proceso de cierre. La figura 1 muestra la evolución de su matrícula las dos últimas décadas, y se distingue claramente cómo pasó de recibir 4.000 alumnos en 2002 (1.1% de la población universitaria) a casi 26.000 en 2007 (4,4% del total). Frente a la pregunta ¿cómo es posible una expansión de esta magnitud en tan poco tiempo?, la figura 2 arroja una luz al respecto: a partir del 2004 dicha universidad relajó fuertemente los estándares de ingreso, medidos por la PSU mínima promedio (más allá de que este examen sea un buen indicador o no, lo cierto es que la caída en los puntajes de corte es notable).
Si indagamos respecto de la calidad de la educación ofrecida por esta institución, la siguiente información es claramente ilustrativa. La figura 3 reporta un ranking de la calidad de capital humano por alumno, medida por el número de profesores con JCE, por cada 100 alumnos, con grados de doctor y magister. En este caso, la Universidad del Mar presenta los registros más bajos en ambas categorías. De manera similar, la calidad de la investigación realizada por las universidades, medida a través del número de proyectos Fondecyt por cada 100 alumnos, tampoco dejar lugar a dudas: la figura 4 indica a la institución entre las de peor desempeño en dicha área.
Observando estos indicadores, es difícil equivocarse respecto a la calidad de la educación ofrecida. Si las razones que llevaron a esta situación fueron, efectivamente la búsqueda de beneficios económicos en deterioro de la calidad educativa o la mala administración de la universidad, poco importa.
Supongamos, que la Universidad del Mar hubiera sido conducida por gente honesta, de escasas ambiciones materiales pero lo suficientemente inepta como para alcanzar semejante descalabro. En ese caso, ¿cambia en algo el perjuicio sufrido por los estudiantes? Al observar, nuevamente, las figuras 3 y 4, se distingue que entre las universidades con peores indicadores se encuentran algunas que, dada la definición de lucro utilizada comúnmente (lucro de instituciones y no de personas) no debieran lucrar.
