
El nuevo proyecto, a diferencia del anterior, reconoce y genera mayor certeza jurídica en cuanto a derechos de propiedad se refiere. Esto no garantiza, sin embargo, que el uso de estos derechos (explotación, intercambio, etc.) resulte eficiente y equitativo. Esto último dependerá de un diseño adecuado del marco institucional y regulatorio futuro.