La ausencia de una política de largo plazo se refleja en que el proyecto de ley en discusión no ha sido la consecuencia de un sereno debate nacional, sino la respuesta urgente a una situación fuera de control.
Por Andrés Sanfuentes, Economista, Académico FEN-UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 135, 2019.
Las migraciones constituyen un tema de importancia universal, que afecta a todas las naciones. La reacción, aunque tardía, ha llevado a la convicción que para abordarla se requiere la colaboración. Sin coordinación no podría enfrentarse, más allá de compromisos bilaterales. Una de las reacciones ha sido la necesidad de acciones conjuntas, tal como ocurrió en la última sesión del Pacto Global Migratorio de la ONU (Marrakech), a la cual Chile terminó por asistir, pero se abstuvo de adoptar definiciones.
Pese a la importancia del tema, el país no ha logrado definir una política estratégica de largo plazo. En los últimos cuatro gobiernos, Bachelet I y II y Piñera I y II, se ha mantenido la falta de claridad para reaccionar frente a los flujos de inmigración cada vez más numerosos, si bien en el actual gobierno se envió al Parlamento una modificación a una iniciativa anterior detenida por varios años.
La ausencia de definiciones parte por los derechos del inmigrante, ya que para algunos constituye un derecho humano que se puede invocar sin restricciones, incluso de incorporarse al país elegido y participar con los mismos derechos que un ciudadano local. Para otros enfoques, el país receptor puede imponer al interesado desde la prohibición de ingreso hasta limitaciones a sus derechos. Como toda persona, el inmigrante tiene derechos, pero para ejercerlos en el lugar de destino tiene que estar legalizado en términos de integrarse a esa sociedad, en cuyo caso podrá ejercerlos, pero también asumir las respectivas obligaciones. Por lo tanto, en la medida que un inmigrante permanezca indocumentado en Chile, tiene la obligación de demostrar su interés por permanecer en él, aceptando las obligaciones propias de los ciudadanos chilenos, para dejar la categoría de ser un mero visitante.
La ausencia de una política de largo plazo se refleja en que el proyecto de ley en discusión no ha sido la consecuencia de un sereno debate nacional, sino la respuesta urgente a una situación fuera de control ocasionada por la creciente masividad de la llegada de extranjeros, en especial de haitianos y venezolanos. En estos últimos casos ella ha sido tan intensa que los venezolanos pasaron a ser la nacionalidad más numerosa y los haitianos están en el tercer lugar, cerca de los peruanos, que iniciaron los recientes flujos masivos.
Según las últimas estimaciones del INE, los extranjeros residentes en Chile a fines de 2018 llegaron a 1.251.225 personas, número muy superior a las mediciones anteriores.
El flujo migratorio no se detendrá a pesar de las trabas impuestas recientemente por el gobierno del Presidente Piñera porque, tal como lo muestra la experiencia mundial y chilena, existen cadenas migratorias, en que después de la llegada inicial de un extranjero, en la medida que se asienta en el destino y se incorpora laboralmente, van llegando sucesivamente los familiares y cercanos. Las cifras de población foránea indican que, a diferencia de los nacionales, la cantidad de hombres superan a la de mujeres, y lo propio ocurre con el mayor porcentaje de personas con edades entre 20 y 39 años, en que el número de extranjeros de esas edades está encabezado por haitianos y venezolanos, por encima de peruanos y colombianos, de traslados más antiguos. La explicación está en las cadenas migratorias, pues los que inician los procesos migratorios son principalmente los hombres y los jóvenes, que aspiran a un empleo para financiar la posterior llegada de los cercanos.
La población chilena se ha caracterizado históricamente por su carácter isleño, agudizado por su nacionalismo y la discriminación social, lo cual se reforzó durante la Dictadura en que imperó la desconfianza al extranjero. Esto explica los rasgos xenófobos que muestran las encuestas de opinión pública, especialmente entre los segmentos de bajos ingresos.
Uno de los principales argumentos se vincula con la eventual pérdida de empleos de chilenos que ya sufren de ocupaciones precarias, desempleo y bajos salarios. En efecto, es probable que, en la medida que continúe la llegada de inmigrantes ese sentimiento se agudice. Por otra parte, el aporte de los inmigrantes es muy positivo para el país. El temor de fondo es que si aumenta la oferta de mano de obra crecería la desocupación y se reducirían los salarios medios.
En realidad, la situación es verdaderamente compleja. La mano de obra inmigrante no es homogénea: se incorpora como asalariados o como pequeños empresarios. En el primer caso, se trata de personas de mayor productividad, ya sea por sus mejores niveles educacionales o por el deseo de sobresalir que los distingue. Entre los extranjeros que aspiran al trabajo por cuenta propia, su contribución será el espíritu emprendedor que los caracteriza, junto a su esfuerzo y capacidad de ahorro que generará una contribución al país en el futuro.
Por otra parte, la incorporación de trabajadores más capacitados, con espíritu de trabajo y disciplina y, por ende, mayor productividad, contribuiría a que una eventual reducción de salarios sería más atenuada. Además, se ha observado que los empleados extranjeros tienden a estar subutilizados en sus actuales labores. Al corregirse ello en el futuro se superarán muchos abusos que sufren algunos hoy por su condición de indocumentados. Ejemplos hay muchos, como ser los problemas actuales de validación de títulos profesionales, tema pendiente que requiere una corrección pronta.
El proceso de regularización de los indocumentados ha sido objeto de las mayores discusiones, en dos aspectos principales: los cambios en las condiciones para obtener visas, en especial para haitianos y venezolanos; y las deportaciones de inmigrantes en situaciones irregulares.
La exigencia de visas especiales para inmigrantes indocumentados o futuros se impuso a haitianos y venezolanos lo cual, aparte de ser discriminatorio, constituye una traba administrativa que ha reducido la llegada efectiva de extranjeros. En Haití no existen facilidades administrativas para obtenerla y se suprimieron los vuelos directos con Chile, de manera que el número de pasajeros que entraron y salieron se redujo desde 46.577 en 2017 a solo 5.781 en 2018 (bajó 86,7%). En términos concretos, es como ruptura de relaciones, pero debe haber otra solución, en especial, para permitir la integridad familiar.
El caso de las deportaciones fue incorporado a las medidas para intentar reducir a los extranjeros “indeseables”. En 2018 fueron deportadas 2.054 personas, 1.750 casos con órdenes judiciales pendientes (91% por la ley de drogas) y 304 por vía administrativa. En los casos judiciales, 70% correspondió a ciudadanos bolivianos; l5% a peruanos; y 12% a colombianos. Considero que esta medida constituye un aspecto positivo: los costos deben asumirse en el lugar de origen de los judicializados.
Si bien se requiere de soluciones que definan el futuro de la inmigración, los resultados no serán prontos, como consecuencia de la ineptitud de los últimos gobiernos, que permitieron pasivamente la generación del problema. Además de la complejidad de la situación, existen numerosos problemas que no han sido comentados en los párrafos anteriores, como la situación de los refugiados, la composición del futuro Consejo de Política Migratoria, la dependencia y coordinación del próximo Servicio Nacional de Migraciones, las políticas de emigración de chilenos, el aumento del máximo de extranjeros contratables por empresa y el acceso a los beneficios estatales de educación, salud y vivienda, entre ellos. Algunas carencias que resolvería la nueva ley ya han comenzado a implementarse, como la mejoría de las estadísticas que permitan conocer la situación y poder plantear las políticas todavía ausentes.