La nueva Constitución propuesta se hace cargo de muchos de los derechos sociales demandados por la ciudadanía, los que van más allá de los ya mencionados, pues abarcan el derecho de la tierra y a un ambiente no contaminado, lo que le otorga un carácter ecológico profundo, como también consagra derechos de los pueblos originarios por encima de los de la gran mayoría de ciudadanos no originarios.