Esta iniciativa busca capacitar a mujeres trabajadoras y dirigentas en temáticas del mundo laboral con la finalidad de fomentar el liderazgo y participación de mujeres en cargos de representación sindical en Chile.
El Diplomado – impartido vía streaming – tiene como objetivo general entregar los conocimientos e insumos para comprender los fundamentos de la relación entre derechos humanos y actividad empresarial y diseñar estrategias para la debida diligencia en las organizaciones.
Los paneles estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Psicología de la UAH y director del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales (COR), Álvaro Soto, y del académico de la FEN y director del Diplomado Internacional de Derechos Humanos y Empresa del área de Formación Directiva (FD) de la FEN, Yerko Ljubetic.
El foco está puesto en el grupo etario de mujeres entre los 20 y 64 años que habitan en alguna de las 34 comunas del Gran Santiago, y que han visto disminuidos sus ingresos o han perdido sus empleos y/o emprendimiento por distintas causas.
El panel está integrado por tres expertos, siendo un ente técnico y autónomo, que sesionan por ley al menos una vez por mes.
El propósito de este proyecto es disminuir la brecha de conocimientos y promover una cultura de ahorro previsional, sensibilizando respecto de la importancia social, económica y familiar que implica el sistema de pensiones, incorporando, por ejemplo, el ahorro individual voluntario como parte del presupuesto del hogar.
La postulación, que invita a estudiantes y egresados/as de la Universidad, se realizará a través de un formulario online que se encontrará disponible en el sitio web de la Incubadora, a partir del lunes 29 de agosto.
Sougarret es Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Chile y Magíster en Administración de Empresas- MBA de la UAH.
La existencia de un sistema de derechos de propiedad claro y seguro es el punto de partida para generar el uso eficiente tanto de los recursos humanos como naturales y promover el crecimiento económico.
La propuesta de nueva Constitución reconoce el derecho que tienen todas las personas al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación y establece que el Estado garantizará el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación.
La propuesta de nueva Constitución no se queda solo en el principio de probidad, sino que incorpora y amplía muchas de las garantías de la ley 20.285, consagrando como derecho fundamental el acceso a la información pública.
Se hace muy importante que Gobierno y Congreso avancen rápidamente en las decisiones que tengan consenso, se hagan discusiones y debates transparentes y participativos con entrega de señales claras a los tomadores de decisiones de inversión, para que no afecte las inversiones y empleo más allá de lo esperable.
La implementación de una política nacional de open innovation acompañada de herramientas tecnológicas digitales, por ejemplo, permitirá rápidamente superar la escasez de recursos para desarrollar innovación a nivel empresarial y/o individual.
El proceso constitucional ha expuesto a los emprendedores a un tipo diferente de incertidumbre. Ahora enfrentan incertidumbre institucional que los acompañará por un largo tiempo.
En general, las características del sector público no favorecen la toma de riesgos y la innovación. Más aún, cuando el borrador extiende la facultad fiscalizadora de la Contraloría a las empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal, estableciendo incluso que “podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de ellas”.
Uno de los temas importantes al estudiar la propuesta de nueva Constitución son los tributos. El presente análisis se enfoca en ellos, su creación y distribución.
El proyecto de nueva Constitución que se somete a plebiscito en los próximos días contiene varios cambios respecto a la vigente. En particular, el reconocimiento de nuevos derechos y garantías sobre la provisión de ellos, generan dudas sobre la vialidad fiscal de este proyecto.
De aprobarse el texto de la PNC, esta debería ser una materia para revisar o buscar los consensos políticos que permitan una interpretación del actuar de los consejeros que no afecte su independencia en la consecución de este preciado bien público.
La propuesta de la nueva Constitución política prácticamente dejó sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central de Chile. Establece erróneamente que el bienestar de la población es sinónimo de estabilidad de precios.
De aprobarse la propuesta de la CC se abren desafíos significativos para el empleo público en nuestro país. Toda vez que la Ley deberá desarrollar los principios y normas reconocidos constitucionalmente, será importante preparar propuestas legales que cautelen el espíritu del texto constitucional.
No cabe ninguna duda sobre el avance que representa la propuesta de una nueva Constitución en lo que se refiere a los derechos laborales. Negar eso y mantener el estatus quo significaría aceptar un sistema que ha hecho de Chile uno de los países más desiguales al mundo.